“Menos de la mitad de los países del hemisferio son parte de éste tratado y no es la primera denuncia que se hace al mismo”, afirmó. (Vea la declaración completa de la canciller).
El presidente Juan Manuel Santos anunció en la mañana de este miércoles que Colombia se retirará del Pacto de Bogotá, acuerdo firmado en 1948 que ponía a Colombia bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para efectos de los pleitos con otros países.
El presidente Santos confirmó el retiro, argumentanto que la medida "forma parte de medidas que hemos venido estudiando".
“Con esta denuncia, Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de controversias”, afirmó el mandatario. Por el contrario, agregó “reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos”.
La decisión del Gobierno, tomada nueve días después de que la CIJ le quitara al país una parte de su mar territorial para entregárselo a Nicaragua, pretende poner al país a salvo de futuras pretensiones de otros países sobre territorio nacional.
La posibilidad de que el país renunciara este Pacto ya había sido planteada la semana pasada por la canciller María Ángela Holguín, durante una intervención en el Congreso, a propósito del fallo de la CIJ que le quitó a Colombia una parte de su mar territorial para entregárselo a Nicaragua.
De hecho, la decisión fue tomada luego de haber sido analizada durante los últimos días por un grupo de abogados expertos en derecho internacional.
El Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, se suscribió el 30 de abril de 1948 durante la IX Conferencia Panamericana.
El documento fue ratificado en 1968. Colombia aceptó la competencia de la Corte por primera vez en 1932, la modificó en 1937 y la retiró en el 2001.
La Canciller Holguín ha explicado que la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá obedece a proteger el país de nuevas demandas que le puedan cercenar más territorio a Colombia.
De hecho, ha advertido que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya dejó abierta la posibilidad para que ese país, en una demanda posterior, nos pueda quitar más.
Recientemente, en el Congreso, la Canciller señaló que la pretensión nicaragüense era quedarse con 200 millas de plataforma continental, pero la Corte le respondió que no le dio la razón "por unos temas de forma".
Para la funcionaria, "eso quiere decir que la posibilidad de que Nicaragua se venga en una demanda posterior buscando la plataforma continental extendida es muy grande, y ante eso definitivamente tenemos que actuar".
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